El 20 de septiembre, el juzgado de letras de Intibuca dispuso ordenar el encarcelamiento de Berta Cáceres, bajo una serie de falsas acusaciones, demostrando que la actual administración se encuentra al servicio de los empresarios involucrados en la destrucción de los ríos en Honduras.
No bastó con el asesinato del compañero Lenca Tomas Garcia, el pasado 15 de junio, DESA y Sinohydro exigieron la prisión de Berta Cáceres como una muestra de sumisión por parte de la dictadura civil que maneja el país.
La oposición del pueblo Lenca a la destrucción de sus ríos y su entrega a la elite de poder, no es mas que resistencia al esquema de saqueo sistemático de los territorios indígenas y sus bienes comunes, que esta emprendiendo el grupúsculo de poder para entregarlos al capital transnacional.
Mientras el Lobo se pavonea en el Vaticano entregando una replica de la Virgen de Suyapa, en Honduras los esbirros del Ministerio Público siguiendo las instrucciones de los piratas- empresarios, se afanan para encerrar una de las voces mas potentes en desafiar la actual dictadura.
El Estado de derecho en el país ha desaparcedio: mientras a los grandes narcotraficante sse les permite darse a la fuga, a la valiente líder Lenca se le ordena encarcelarla bajo cargos ficticios.
Los ministerios de cartón (Justicia y Etnias) creados por la actual administración gubernamental con el propósito de lavar su imagen, se han convertido en cómplices de las masacres y asesinatos (Ahuas, Rio Blanco y Locomapa) cometidos en contra de indígenas indefensos, sucumbiendo en el silencio cómplice, antes que defender los derechos de los pueblos y sus territorios.
Exigimos la inmediata liberación de Berta Cáceres y la suspensión de la construcción de la represa de Agua Zarca, además de la implementación del Derecho a la Consulta y Consentimiento Previa, libre e Informada.
Dado en Sambo Creek a los 20 días del mes de Septiembre del 2013
Organización Fraternal Negra Hondureña,
OFRANEH
Las comunidades agromineras del Sur de Bolívar y el sur de
Cesar, llevan 26 días movilizadas a las afueras del municipio de Aguachica, Cesar, exigiendo al gobierno nacional y regional una instancia de
dialogo, para discutir la grave situación social de la región. Tras dos
intentos fallidos, en los que los funcionarios no dieron salida a ninguna de
las problemáticas planteadas por las comunidades, éstas cansadas de las burlas
del Estado Colombiano, decidieron bloquear la vía que conduce de
Aguachica a la costa atlántica del país.
