Honduras: nueva victoria indígena

Pueblo Lenca de San Francisco de Opalaca reitera, ¡No! a las represas hidroeléctricas que privatizan el agua. El día viernes 22 de febrero se desarrolló un nuevo cabildo abierto en el municipio indígena de San Francisco de Opalaca, dicho cabildo abierto se realizó con el objeto de anunciar la construcción de un complejo de represas sobre el rio Gualcarque, mismas que serian propiedad de la empresa Ríos Power S.A.

Ante esta nueva amenaza contra el territorio indígena lenca, cientos de compañeros y compañeras de COPINH se movilizaron al cabildo con el propósito de defender los ríos y en general todos los elementos del territorio lenca.

El cabildo abierto dio inicio a las 10 de la mañana pese a que se había convocado para las 8.00 AM.- El titular de la alcaldía señor Socorro Sánchez al ver a la población indígena aglutinada en COPINH decidió cambiar la agenda y no discutir el tema, lo que molestó a la población lenca quienes exigieron que se tomara el tema de las pretensiones de RIPOSA, ya que los auxiliares les pedían listas de firmas a favor de la empresa, el señor alcalde al verse acorralado preguntó que si querían que siguieran las gestiones para que RIPOSA construyera el complejo de represas? A lo que la gente respondió de manera unánime de que NO y que ya se habían realizado 5 cabildos abiertos para rechazar las represas que son un negocio de empresarios que invaden los territorios indígenas. El alcalde mostró una nota escrita que RIPOSA le había enviado, pero como la población rechazaba las represas, el se unía al pueblo, procediendo a romper la misiva.

Varios voceros de las comunidades expresaron que las comunidades lencas rechazan además la ley de minería y la ley de crear regiones con regímenes especiales y que están en alerta máxima en la defensa del territorio lenca.

El cabildo abierto concluyó con canticos y consignas, como las siguientes:
¡Agua y energía no son mercancía¡
¿Quiénes somos? Sangre de Lempira
¡COPINH, COPINH, la oligarquía esta pin, pin!
¡Vivimos para luchar! ¡Luchamos para Vencer!

Denuncian el incremento del clima de guerra y atentados en Colombia

La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, en la que participa Ecologistas en Acción, alerta a la comunidad internacional sobre la crisis humanitaria y de guerra que se viene presentando en Colombia a pesar del proceso de paz en La Habana.

La plataforma, que agrupa a decenas de organizaciones sociales de todo el Estado muestra su alarma ante los ataques directos y amenazas sufridos por diversos defensores de los derechos humanos en los últimos días. Es el caso del padre Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz así como de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, cuyo vehículo fue blanco de disparos el pasado 13 de febrero. Y también el de Yolanda Becerra y Gloria Amparo Suárez, dirigentes de la Organización Femenina Popular, que han recibido amenazas de muerte recientemente.

Se han registrado desde principios de año asesinatos y ejecuciones extrajudiciales como el de Alba Mery Chilito, una de las abuelas de la Asociación de Víctimas de Trujillo y quien había recibido el Premio Internacional de los Derechos Humanos del Ayuntamiento de Siero (Asturias), dirigentes sindicales como Elizabeth Gutiérrez y Juan Carlos Pérez o campesinos, como Jon Favver Díaz. Sólo en el mes de enero, se registraron 474 desapariciones forzadas que confirmó el Instituto de Medicina Legal de Colombia.

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La Plataforma está integrada por unas 50 organizaciones del Estado Español agrupadas en las siguientes entidades: Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia, Coordinadora Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Justicia por Colombia, Kolektiba Colombia, Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia, Plataforma Andaluza de Solidaridad con Colombia, Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia, Plataforma Asturiana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia.

CEDSALA forma parte de la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia.

En Solidaridad con los Presos Saharahuis

La Plataforma de Acción Internacional por los presos políticos saharauis de Gdeim Izik condena la sentencia dictaminada por el tribunal militar marroquí contra los presos políticos sahrauís de Gdeim Izik

 

 

El pasado 1 de Febrero se constituyó en Rabat el Tribunal Militar que, a pesar de no tener jurisdicción sobre el Territorio no Autónomo del Sahara Occidental, ha juzgado a 24 presos políticos saharauis, que a juicio de numerosos observadores internacionales no contó con las debidas garantías por falta de pruebas. Las armas con las que supuestamente fueron asesinados los agentes carecían de huellas dactilares de los acusados. Además, sólo se practicó una prueba forense y no se realizó ningún test de ADN.
 

Por lo tanto, sin competencia alguna, han sido juzgados durante más de una semana los 24 saharauis que permanecían desde noviembre de 2010 en la cárcel de Salé Rabat (Marruecos) por haber participado en el Campamento de Gdeim Izik. En este campamento, organizado a las afueras del Aaiún – capital del territorio del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos – se concentraron más de 20.000 saharauis para denunciar sus condiciones de vida bajo la ocupación militar. Este gesto de resistencia pacífica del pueblo saharaui marcó el inicio de la primavera árabe.

Tras nueve días de juicio y siete horas de deliberación en la madrugada del 17 de febrero de 2013 con nocturnidad, premeditación, alevosía y en vísperas de domingo el Tribunal Militar de Rabat dictaminó una durísima sentencia sobre los 24 presos políticos saharauis de Gdeim Izik. En dicha sentencia se contemplan las siguientes penas: 9 cadenas perpetuas, cuatro a 30 años de prisión, siete a 25 años de prisión, tres a 20 años de prisión y dos han sido puestos en libertad ya que la sentencia es inferior al tiempo que ya han pasado en prisión preventiva.

 

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Paraguay: Monsantos y las grandes sojeras provocan el hambre

Entrevista a Tomás Zayas, secretario general de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA)

 

Paraguay es otro “agujero negro” en la información internacional. Embutido entre dos potencias muy superiores (Brasil y Argentina) y sometido a la hegemonía estadounidense en la región, el país ha estado tradicionalmente controlado por una oligarquía, salvo el pequeño paréntesis que representó la presidencia de Fernando Lugo. El secretario general de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA), Tomás Zayas, denuncia la actuación de un ejecutivo, el de Federico Franco, que no sólo accedió al poder tras un golpe político (consecuencia de la masacre de Curuguaty), sino que gobierna al servicio de las multinacionales. “Monsanto y las empresas sojeras expulsan a campesinos e indígenas de su hábitat natural, lo que les condena a pasar hambre en las ciudades”, afirma el líder de ASAGRAPA.

 

La masacre de Curuguaty, en junio de 2012, se saldó con 17 muertos (11 campesinos y 6 policías) y 50 campesinos heridos ¿En qué situación se hallan los detenidos tras la represión que siguió a los hechos?

Sigue el curso de la investigación. Todo apunta a que serán condenados los compañeros detenidos, a pesar de que el Fiscal no tiene ninguna prueba contra ellos de que hayan disparado a los policías. Lo llamativo de caso que no se hace ninguna investigación sobre quiénes fueron los asesinos de los once compañeros campesinos. No se está investigando a los policías que realizaron las ejecuciones.

 

¿Fue un “montaje”, como se ha afirmado, para finiquitar la presidencia de Lugo? Si es así, ¿Qué intereses se ocultaban tras el golpe parlamentario contra el expresidente?

El gran beneficiario del caso Curuguaty es el Partido Colorado, que en 2008 perdió el poder después de 60 años de gobierno. Se produjo entonces la victoria electoral de Fernando Lugo. Para concretar, en el juicio político que acabó con la presidencia de Lugo (ocurrido tras la masacre de Curuguaty), los partidos tradicionales (Liberal y Colorado) se unieron para dividir a la Alianza Patriótica. Y con esa división existe la posibilidad de que el Partido Colorado recupere nuevamente el poder, en las elecciones generales que se celebrarán en abril de 2013.

 

¿Qué ha representado para los movimientos sociales, y singularmente para las organizaciones campesinas, el acceso al poder de Federico Franco, quien ha recuperado términos como “subversión” o “insurgencia” (habituales, por lo demás, en la dictadura de Stroessner?

El gobierno de Franco, a pesar de la falta de reconocimiento del Mercosur y los gobiernos de países vecinos, se caracteriza por ser un gobierno conservador que ha dado marcha atrás en todas las medidas sociales implementadas durante la presidencia de Lugo. Federico Franco no sólo empieza a utilizar conceptos como “subversivo”, sino que manda a policías vestidos de civiles en los desalojos de campesinos que han ocupado propiedades privadas.

 

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